El clima entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los medios de comunicación en España ha sido objeto de una creciente atención y preocupación en los últimos tiempos, marcado por una serie de tensiones y disputas que han puesto en entredicho la relación entre ambas partes y, en algunos casos, han suscitado inquietudes sobre la libertad de prensa en el país.

Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno, ha habido una percepción de que existe una especial obsesión o preocupación por parte del Ejecutivo hacia la prensa. Este interés se ha visto reflejado en acciones como la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación, establecida en 2019, y el comité contra la desinformación de la derecha, iniciado en 2023 por el PSOE. Estos organismos tienen como objetivo abordar el problema de la desinformación, pero también han suscitado interrogantes sobre posibles injerencias en la libertad de expresión y el derecho a la información.

La reciente polémica se ha intensificado a raíz de informaciones periodísticas que han vinculado a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con presuntos casos de corrupción relacionados con el PSOE. Estas revelaciones han generado una respuesta contundente por parte del Gobierno y sus seguidores, que han acusado a ciertos medios de difundir desinformación y bulos.

El lenguaje utilizado por algunos miembros del Gobierno, como el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha denunciado una "jauría derechista" y ha calificado a ciertos medios como "pseudomedios", ha alimentado la controversia y ha sido interpretado como un ataque a la libertad de prensa. Además, las amenazas legales contra periodistas y medios críticos, así como la exclusión de estos medios en entrevistas y comparecencias, han suscitado preocupaciones adicionales sobre la pluralidad informativa y el acceso a la información veraz en el país.

La percepción de un clima hostil hacia la prensa crítica se ha reflejado en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, que muestra un descenso en la posición de España en los últimos años. Esto ha generado un debate sobre la necesidad de proteger y preservar la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia, y sobre el papel del Gobierno en garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente y plural en el país.