Un clima de tensión y acusaciones envuelve a la Universidad de Cantabria, donde un grupo de estudiantes ha decidido alzar su voz contra lo que describen como un patrón de acoso perpetrado desde las altas esferas de la institución. En una valiente acción, estos estudiantes han presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo, denunciando presuntos actos de hostigamiento que, según ellos, han sufrido debido a sus convicciones políticas de derechas.

La denuncia detalla una serie de incidentes que se remontan al 17 de septiembre de 2021, cuando el rector Ángel Pazos, supuestamente, los expulsó de una reunión con violencia verbal, afirmando que la universidad era su dominio personal. Desde entonces, los estudiantes sostienen haber enfrentado una campaña de difamación, calumnias y amenazas tanto en línea como en el entorno físico de la universidad. Acusan al rectorado y a ciertos sectores de la institución de ser los orquestadores de este hostigamiento, señalando a varios nombres, entre ellos Mirian Martínez Alameda, presidenta del Consejo de Estudiantes, y Alejandro Hernández, secretario general de las Juventudes del PSOE de Santander.

Las presuntas acciones intimidatorias incluyen la negación de acceso a instalaciones universitarias y enfrentamientos directos con el personal de seguridad, que los estudiantes interpretan como una amenaza potencial. Además, se menciona un ambiente de cyberbullying, con cuentas anónimas en redes sociales vinculadas a los mencionados dirigentes estudiantiles, que han lanzado insultos y amenazas de violencia física.

La denuncia también apunta a la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades universitarias ante estas denuncias de acoso, lo que ha generado una sensación de desprotección y desamparo entre los afectados. A pesar de haber acudido al Defensor Universitario y haber informado a la universidad sobre los incidentes, la respuesta recibida habría sido insatisfactoria, dejando a los estudiantes en una situación de vulnerabilidad.

El caso ha suscitado preocupación sobre la libertad de expresión y participación en la vida universitaria, así como sobre la integridad del ambiente académico en la Universidad de Cantabria. Los estudiantes afectados demandan una investigación exhaustiva y acciones concretas para abordar esta situación, incluida la expulsión de los presuntos acosadores de la institución. Están decididos a buscar justicia y han manifestado su disposición a presentar una querella por injurias y calumnias si es necesario. En medio de este conflicto, se plantea un debate sobre el respeto a la diversidad de opiniones en el entorno universitario y la necesidad de garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes.